Los 195 Estados miembros de las Naciones Unidas que trabajan en la Agenda 2030 establecen un objetivo esencial para lograr democracias participativas y sostenibles: el derecho a una mayor participación ciudadana en las decisiones que afectan nuestras vidas. Democracia es el derecho a elegir a nuestros representantes cada cuatro años. Pero, la democracia no se limita a las urnas. Por ejemplo, ante una situación que afecta la salud de las personas o es perjudicial para el medio ambiente (como un depósito de residuos sólidos o ‘botadero’) es posible denunciar el caso para encontrar una solución oportuna por parte de las autoridades.

Como explicó Leandro Machado de Agora, en el evento Perú Sostenible el pasado 20 y 21 de agosto, democracia es escuchar la diversidad de opiniones en una sociedad. Para ello, los Estados impulsan procesos de participación ciudadana aunque, en los pocos casos peruanos, son considerados más como un requisito formal en vez de un derecho inherente a las personas.

Fátima Contreras, especialista legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana del Derecho Ambiental (SPDA), explica que la frágil confianza que existe entre la ciudadanía y el Gobierno se debe, en parte, a la falta de transparencia y la poca difusión de los procesos participativos. “Hay todavía una deficiencia del Estado en implementar el marco legal que establece estándares para los derechos de acceso a la información, participación y justicia. Si bien los incluye, el problema es que se ha venido implementado de manera lenta e ineficiente”, explica Contreras, quien al promover el acceso a la justicia contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA
La relación entre democracia y desarrollo sostenible —explica Fátima Contreras de la SPDA—  comienza a cobrar fuerza en 1992, cuando los líderes mundiales de diversos países de Naciones Unidas se reunieron en Brasil, en la conferencia conocida como ‘Cumbre de Río’, que estableció 27 principios orientados a definir medidas de cooperación para la conservación del planeta.

Más de 20 años después, en largas negociaciones en la cumbre Río+20, el principio 10 de esta declaración se convirtió en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que será ratificado este 26 de setiembre.

Este acuerdo, firmado por 24 países, entre ellos el Perú, establece tres derechos constitucionales:
✓ El derecho de acceso a la información sobre la gestión de los recursos naturales.
✓ El derecho a la participación pública eficiente y en etapas tempranas en el proceso de toma de decisiones.
✓ El derecho al acceso a la justicia inmediata para denunciar un hecho que vulnere la salud de las personas o el entorno ambiental.

Un buen ejemplo de lo que puede lograr la participación ciudadana organizada es el fallo histórico, en julio de este año, contra Cacao del Perú Norte, sentenciada a pagar 15 millones de soles por deforestar bosques en Loreto. La ciudadanía del distrito de Tamshiyacu denunció en 2013 a esta empresa ante el Ministerio Público por la tala de árboles y por no contar con autorización para cultivar productos de la agroindustria ni con la certificación ambiental correspondiente.

“Tenemos que tener en cuenta que el derecho a tener un ambiente sano y equilibrado como establece la Constitución se trata de un derecho colectivo. Todos tenemos la oportunidad de poder participar, de poder informarnos sobre el estado de este bien jurídico que es protegido por nuestra Constitución”, dice Contreras.

Los desafíos que se plantean en adelante son tres. Primero —dice Contreras—  fortalecer las capacidades de quienes operan los mecanismos de información y toma de decisiones. Segundo, implementar las herramientas de participación pública expresadas en el marco legal y, en tercer lugar, lograr que la ciudadanía esté en el mismo nivel de información con el Estado y los titulares de proyectos. Todo una meta para el Perú, que se podrá superar si los actores involucrados toman consciencia sobre la importancia de cuidar el lugar que nos permite vivir: el planeta.