Prosperidad
Inclusión y formalización: el aporte de la banca al desarrollo social
Durante la última década, el Perú logró grandes avances sociales gracias a su estabilidad económica, pero la pandemia del coronavirus ha puesto al país nuevamente ante importantes desafíos. Si en los años anteriores el nivel de pobreza monetaria se había reducido en 10%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la crisis vivida durante el último año ha reseteado estas cifras. En la actualidad, la pobreza alcanza al 30% de los peruanos. Es decir, 10 millones de personas.
Este panorama, además, se enfrenta a otro pendiente que ahora resulta urgente atajar: la inclusión financiera. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), existen 14 millones de peruanos que no poseen una cuenta bancaria. El Banco Mundial, además, calcula que en el país solo el 43% de la población adulta accede a un servicio de este tipo.
Como señala la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) en su informe La banca peruana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la inclusión financiera es clave debido a que contribuye al crecimiento y a la competitividad del país, aporta estabilidad al sistema financiero, reduce los niveles de pobreza y desigualdad, genera oportunidades de desarrollo en los segmentos más vulnerables y brinda autonomía económica a las personas para afrontar adversidades.
“La Agenda 2030 reconoce la importancia de promover el acceso y uso de productos y servicios financieros por parte de las personas y destaca su importancia en la reducción de las brechas sociales”, explica la Asociación. “Por ende, un reto constante para el Perú es asegurar mayores niveles de inclusión financiera. Ello se debe a que permite a las personas ampliar sus oportunidades de consumo e inversión y adoptar mayores conocimientos en la gestión de su economía y mejores hábitos de consumo y ahorro”.
En este contexto, la participación activa de la banca puede ser fundamental para elevar los niveles de inclusión financiera, a la vez que brinda opciones para menguar necesidades específicas de la población. Mibanco, por ejemplo, ha desarrollado una cartera de productos inclusivos basados en las microfinanzas.
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Con Credito Mujer, dirigido a mujeres dependientes e independientes que buscan financiamiento de hasta un año para capital de trabajo, activo fijo, vivienda o consumo personal, han logrado, desde el año 2017, bancarizar a miles de mujeres por primera vez. De igual modo ha sucedido con Crediagua, créditos enfocados específicamente para mejoras sanitarias, como la ampliación de tuberías, renovación de los componentes de un baño, entre otras necesidades.
Las nuevas dinámicas y necesidades forzadas por la pandemia han impulsado el inicio de este cambio necesario. La cifras de bancarización han empezado aumentar. El número de cuentas en la banca múltiple creció un 25,12%, según ASBANC. Pero, como ha indicado el Ministerio de Economía y Finanzas en su informe de evaluación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, “si bien se han desarrollado intervenciones para mejorar los niveles de inclusión financiera en el país, se debe seguir implementado las medidas mediante un enfoque transversal intercultural, territorial y de género”.
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