En 2016, cuando The New York Times señalaba a la migración venezolana como “la más alta en más de una década”, en Perú ya habían más de 8 mil venezolanos que habían escapado de la crisis humanitaria, económica, social y política ocurrida en su país. En 2019, la cantidad de inmigrantes aumentó a más de 942 mil: un crecimiento exponencial en solo cuatro años, según el informe “Una oportunidad para todos: Los migrantes y refugiados venezolanos y el desarrollo futuro del Perú”, del Banco Mundial. Hoy, con casi un millón, el Perú es el segundo país que más recibe a ciudadanos de esta nacionalidad.

Hasta antes de la pandemia, la gran mayoría de migrantes venezolanos trabajaba en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y construcción, los rubros que han sido más afectados por la COVID-19. Si antes de la crisis sanitaria el 18% de ellos estaba en condiciones de pobreza, un 67% desempleado y solo un 6% trabaja bajo contrato, el cambio para los próximos años podría ser dramático, considerando que no han sido beneficiados por las medidas implementadas por el Estado.

Sin embargo, los venezolanos que han llegado al Perú tienen altas probabilidades de reinsertarse laboralmente, incluso en el contexto actual: son jóvenes (entre 16 y 35 años) y el 57% de ellos registra formación técnica o profesional universitaria. El problema es que la gran mayoría no cuenta con permiso legal para trabajar y no han convalidado sus estudios en el país, según el BBVA Research.

Así, el potencial aporte de la migración venezolana -impulsar la formalización, la productividad y el crecimiento económico del Perú- se ve truncado por barreras legales, burocráticas y económicas. Por eso, gran parte de ellos se ven obligados a ingresar en la economía informal.

BENEFICIO DE LA INTEGRACIÓN

La migración venezolana ha impactado fuertemente en varios sectores. En educación, por ejemplo, el sistema público-peruano absorbió cerca de 35 mil estudiantes venezolanos; en salud, un solo establecimiento médico de Lima concentró más de 15 mil visitas de extranjeros, casi una cuarta parte del total de registros en ese centro. El impacto también se percibe en el sector económico: pese a que ganan menos que los peruanos y tienen niveles de pobreza más altos, se espera que puedan aportar más de 2.200 millones de soles en ingresos fiscales netos al Perú en los próximos cinco años.

Si al 2018, la productividad laboral aumentó en un 3,2% por efecto tan solo del número de migrantes que se encontraba en el país, y un 8% del crecimiento del PBI se debió a su aporte como consumidores y trabajadores, la conclusión es evidente: “A medida que se vaya recuperando la economía y generando estrategias de inserción, el impacto llegará a las localidades, logrando coberturar las brechas para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad”, dice Nancy Arellano, directora del proyecto Chance para Sumar, un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) implementado por Cedro.

Chance para Sumar es el ejemplo de que los beneficios de integrar social y económicamente a migrantes y refugiados superan los costos. Su objetivo es contribuir a la empleabilidad de la población migrante mediante la formación y certificación de 2.300 inmigrantes venezolanos en Trujillo, Arequipa, Lima y la Mancomunidad Regional de los Andes -desde Cusco hasta Ica-, para insertarlos laboralmente y contribuir a la disminución de los índices de pobreza de esta población, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 1: Fin de la pobreza).

“Buscamos generar espacios de integración pacífica, armónica y productiva”, explica Arellano. Para ello, atienden las brechas de ‘recurso humano calificado’ en sectores como, por ejemplo, la educación, donde se requieren más de 200 mil técnicos para satisfacer la demanda en todo el país. También, con la ayuda de gremios y empresas que participan en los procesos de selección y colocación, están atendiendo la demanda de servicios tecnológicos, desde reparación de aparatos hasta estrategias de marketing digital.

Sin embargo, tal como indica el informe ‘Migrantes y refugiados venezolanos en el Perú: el impacto de la crisis del Covid-19’, los esfuerzos por contener los efectos de la pandemia tienen que estar acompañados de políticas e instituciones públicas que identifiquen a estas comunidades y las incluyan en las medidas del gobierno. Aunque en un ambiente de creciente discriminación debido a percepciones erróneas sobre la inseguridad y la apropiación de servicios, esta tarea puede ser aún más difícil. Pero no imposible. “La estadística no soporta el prejuicio”, dice Arellano, convencida de que el proceso de integración entre venezolanos y peruanos es solo cuestión de tiempo.