Desde los 18 años, María Choquepata Palomino, oriunda del distrito de Nuñoa, en la provincia de Melgar, en Puno, ha asumido diferentes cargos. Ha servido como juez de paz, después como gobernadora, y se ha fortalecido para ser líder. Actualmente es regidora de Puno y defensora del ambiente de su comunidad. Para ella, no ha sido fácil llegar a un cargo de poder, teniendo que lidiar con la discriminación por ser mujer, andina e indígena.

“Ves malos gestos y burlas, que te bajan moralmente. ¿Qué va a poder? dicen ¿qué va a hacer? Esa realidad sigue arrastrándose. Por eso, no hay líderes mujeres, porque eso siempre en la mentalidad llevamos. Pero no es así”, afirma Choquepata. 

Su caso es ejemplo de la baja representatividad de las mujeres en cargos de decisión popular y del acoso político que sufren. No es casualidad que, según el Jurado Nacional de Elecciones, el 52% de candidatas en las Elecciones Congresales Extraordinarias del 2020 indicaron haber tenido que enfrentar alguna situación de acoso político, razón por la cual se aprobó recientemente la Ley Nª 31155 que previene, atiende y sanciona los casos de este tipo.

PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA
Es un hecho que las mujeres disponen de menor tiempo y recursos para participar en política, debido a la carga de las labores domésticas y de cuidados que recaen sobre ellas, así como también sufren de estereotipos por considerarse la política una actividad para hombres. 

Consciente de este problema, Choquepata decidió formar parte del Centro de Capacitación Campesina de Puno (CCCP), una organización que lleva 32 años de trabajo ininterrumpido incidiendo en la lucha de las organizaciones campesinas por el derecho del acceso al agua y la promoción de alternativas para la seguridad alimentaria.

El CCCP, con representantes de nueve organizaciones campesinas, ejecutaron el proyecto “Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos mediante la incidencia de mujeres organizadas para generar políticas públicas que garanticen medios de vida sostenibles”, con el financiamiento del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD) que implementa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el respaldo del Ministerio del Ambiente (MINAM). 

Su impacto ha sido determinante: 230 mujeres de nueve organizaciones lograron formar una red de organizaciones de mujeres desde la escala comunal local hasta el nivel provincial, así como fortalecer sus capacidades para la incidencia política en materia de gestión ambiental y monitoreo del agua. 

Así, por ejemplo, consiguieron la aprobación de una ordenanza municipal orientada a proteger la agrobiodiversidad a nivel provincial, e impulsar la aprobación de dos proyectos públicos para el ámbito distrital y un proyecto para el ámbito provincial. 

ORÍGENES DEL CAMBIO
Fue recién en 1956 -hace 65 años- cuando las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas en Perú mediante el ejercicio del voto femenino, aplicable solo a las mujeres mayores de edad no analfabetas. En aquel entonces, las mujeres representaban aproximadamente la tercera parte del electorado. 

Pasaron varios siglos -hasta la década de 1990- para que se aprobara la primera cuota de género que determinaba que las listas de candidaturas debían estar ocupadas en un 30% como mínimo por mujeres u hombres. En la actualidad, estas representan más del 50 % del electorado.

Pero el paso decisivo tuvo lugar en las últimas elecciones generales 2021, con la aprobación de la Ley para Garantizar la Paridad y Alternancia de Género en las Listas de Candidatos, promovida por la organización de la sociedad civil feminista, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta establece que las listas de candidaturas tienen que estar ocupadas el 50% por mujeres y el 50% por hombres y de manera alternada, permitiendo que la representación femenina en el Congreso peruano aumentara de 26% a 37%. 

“Esto nos ha permitido demostrar, en estas últimas elecciones generales, que sí se puede incrementar la tasa de participación y representatividad. Es la primera vez que un congreso es ocupado por 49 mujeres congresistas”, dice Parwa Oblitas, coordinadora del Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE.

PODER Y DECISIÓN
Sin embargo, aunque las leyes significan importantes avances, lograr una efectiva equidad de género en la política requiere también que las mujeres cuenten con las herramientas necesarias para que el desempeño de sus funciones se dé en igualdad de condiciones, respecto a sus pares varones.

Por ello, el PNUD, en alianza con ONU Mujeres, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el JNE, han realizado desde 2019 diversos cursos, escuelas y talleres virtuales, como ‘El poder de nuestra representación: curso para parlamentarias del bicentenario’, “Fortalecimiento de capacidades de candidatas electorales Magda Portal”, y los talleres virtuales de formación política “Mujeres al poder”.

Bajo esta misma idea, se impulsó el proyecto Escuela de Formación Política “Warmikunaq Llanq’ayninta T´ikarichispa” (Las mujeres trabajamos para florecer) de Cusco, al cual se inscribieron 100 mujeres y 45 fueron seleccionadas para impulsar las transformaciones estructurales que contribuyan a eliminar la violencia de género y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 

“Esperamos que así haya más mujeres en cargos de poder y decisión”, afirma Oblitas, cuya labor contribuye decididamente al ejercicio de una sociedad más justa y con instituciones más sólidas, impactando directamente en el Objetivo del Desarrollo Sostenible 16.