En la actualidad, no existen dudas de que la escasez del agua potable constituye uno de los principales desafíos del XXI y por ello este está presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estos han trazado, entre otras metas, la necesidad de, para el año 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos y lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

La urgencia de esa aspiración lamentablemente es trágica. Según la misma organización, tres de cada diez personas en el mundo no cuentan con acceso a agua potable. Y esta carencia se traduce en al menos 892 millones de personas que se ven obligados a defecar al aire libre y en los aproximadamente mil niños fallecidos diariamente debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. 

Si bien el Perú es el noveno país con mayores reservas de agua, la Encuesta Nacional de Hogares 2018 indicó que más de 3.6 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable, de los cuales 342 mil residen en Lima, abasteciéndose a través de camiones cisterna, una fuente que resulta más costosa que un servicio formal. 

“Durante los últimos cinco años se ha avanzado mucho en el Perú en materia de regulación, leyes, decretos y reglamentos que favorecen la democratización del agua. Se ha creado conciencia del derecho del agua común de todas las personas y de la crisis del recurso hídrico que atravesamos en toda la costa del país”, explica Mariella Sánchez, directora ejecutiva de Aquafondo. “Pero todavía falta cerrar una brecha bien importante: la mirada intersectorial que integre todas las políticas del Estado porque, si bien es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay que ser conscientes que ninguno de los otros dieciséis objetivos pueden ser alcanzados si fallamos con el tema del agua”.

Por ello, organizaciones como Aquafondo se han trazado el objetivo de diseñar y facilitar mecanismos financieros y de gobernanza, así como articular a los actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil con miras a la seguridad hídrica a través de soluciones basadas en la naturaleza y el manejo sostenible. Con distintas áreas de trabajo aportan más de 3.2 millones de metros cúbicos al año a las cuencas de los ríos Rímac y Lurín, que permiten revitalizar las fuentes de agua.

Con ese objetivo, por ejemplo, esta organización viene desarrollando, entre otros proyectos, la rehabilitación de amunas, canales precolombinos que permiten que el agua de las lluvias se infiltre en los suelos para realizar la llamada cosecha del agua y así aprovechar de mejor manera las temporadas de lluvias con miras a las temporadas de escasez. Este proyecto, además, mediante el desarrollo de sistemas de monitoreo, les está permitiendo medir los beneficios exactos que pueden brindar las inversiones públicas y privadas en este campo. 

“El sector privado también puede aportar en este trabajo”, explica Sánchez. “Por eso es necesario este monitoreo, porque cuando invitamos a una empresa privada a invertir necesitamos decirle cuándo se recuperará su inversión en términos de agua y en términos económicos. Y también tenemos que convencer al Estado de que existe un beneficio hidrológico para que pueda invertir”. 

DATO:

El 97% de la disponibilidad de agua en Perú se encuentra en la sierra y la amazonía, donde reside solo el 30% de la población del país. Y, por el contrario, la vertiente del Pacífico, que acoge al 65% de la población, cuenta solo el 2% de esa agua.