El trabajo dignifica al hombre. Es fuente de creación de riqueza y desarrollo, herramienta de movilidad social y fuente de subsistencia de la población. El trabajo es, por tanto, un elemento crucial en la construcción de un futuro sostenible.   

La Agenda 2030 expresa esa importancia en el ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, en donde enuncia la necesidad de “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos”. 

Sin embargo, esta es una tarea difícil de lograr en nuestro país, donde tres de cada cuatro trabajadores son subempleados. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el empleo informal alcanzó los 13,4 millones de trabajadores, representando el 75,7% del empleo total. Esto habla de una situación de indefensión y precariedad en la mayor parte de la fuerza laboral. 

En cuanto al acceso a la salud para los trabajadores, también se dibuja un panorama retador. En su último reporte de la Situación Laboral del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, el INEI informó que aproximadamente uno de cada diez trabajadores (9,3%) no cuenta con seguro de salud alguno al que acudir ante un accidente laboral o ante una enfermedad. 

Buscando mejorar esta realidad, se han generado iniciativas como el distintivo EGS – Empresa con Gestión Sostenible, desarrollado por Perú Sostenible, que incluye en su dimensión social criterios de observancia de la seguridad, inclusividad, equidad y diversidad entre los colaboradores y colaboradoras de las organizaciones que utilizan esta herramienta de gestión. Para ello deben implementar prácticas responsables de respeto a los derechos humanos con todos sus grupos de interés. 

Para Jorge Melo Vega Castro, presidente de la consultora Responde, se trata de un tema que debe trascender el ámbito empresarial para convertirse en un cambio cultural. El especialista no duda en recordar que “gran parte de la mano de obra barata proviene precisamente de personas con elementos de discriminación: mujeres, peruanos andinos, migrantes refugiados, personas con discapacidades, etc.” Para afrontar el problema, afirma, se necesita una gestión enfocada en políticas sociales, ambientales y de gobernanza, con funcionarios responsables y atentos a las métricas de cumplimiento. 

Medir para cambiar 

Adriana Villalba, líder de consultoría en Mercer (MarshMcLennan), indica que la adopción de criterios de sostenibilidad en una organización parte de una transformación cultural que trae consigo cambios en la visión del liderazgo, el desarrollo de nuevas habilidades y la adopción de nuevas tecnologías, entre otros temas. 

Villalba agrega que las empresas deben medir su nivel de madurez en sostenibilidad. Existen en el mercado modelos de evaluación, diseñados para impulsar el valor de los accionistas, como el NSF International, que mide el grado de integración de la sostenibilidad en tres pilares: estrategia empresarial, gestión de personas y prácticas operativas.  

“En MarshMcLennan realizamos un estudio llamado people risks, donde el 87% de las organizaciones encuestadas reconoce la salud y la seguridad como una amenaza grave para los negocios”, relata. 

Entre las herramientas más reconocidas se encuentra la Medición del capitalismo de las partes interesadas, desarrollada por las 120 empresas más grandes del mundo en la reunión del Foro Económico Mundial celebrada en Davos (2020). Se trata de un conjunto de más de 50 métricas sobre el desempeño de los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), agrupados en categorías como Dignidad e Igualdad, Salud y Bienestar y Habilidades para el Futuro, a fin de realizar un seguimiento al cumplimiento de los ODS. 

De esta manera el Foro Económico Mundial registra el avance de las empresas líderes de la economía global en aspectos como Pago Igualitario, Libertad de Asociación y Negociación Colectiva, Salud y Bienestar, Diversidad Cultural y Étnica, Riesgo de Accidentes, Capacitación, entre otros. Con su avance se espera que las empresas más poderosas marquen la pauta en el resto del mundo corporativo. 

Invertir en políticas de salud y de diversidad, igualdad e inclusión permite a las organizaciones crear ambientes donde los colaboradores pueden prosperar y colaborar con el crecimiento sostenible de sus comunidades. Y en el Perú, ese es un trabajo pendiente que vale la pena realizar.