Siete de cada diez peruanos considera que la corrupción es el principal problema del Perú en los últimos 50 años, según la Encuesta Nacional de Valores y Ciudadanía 2020, elaborada por el Proyecto Especial Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este dato no es para menos, considerando que la corrupción ha llegado hasta a los más altos cargos del país, a puertas del Bicentenario. 

Sin embargo, este no es un problema reservado al sector público o a las altas autoridades. Para la asociación Empresarios por la Integridad (ExI), acabar con la corrupción no puede ser posible si el cambio no empieza por todas las personas. A esta conclusión llegaron en el 2018, durante una de las mesas sobre corrupción en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), cuando un grupo de 60 empresarios y ejecutivos decidieron juntarse para instalar una cultura de integridad, muy necesaria también en el sector privado.

Aunque en la última década se reconocen cada vez más los avances de las compañías en temas ambientales y de gestión, no existía ningún incentivo que visibilizara el trabajo en materia de corrupción. Por eso, a solo un año de haber creado la asociación, lanzaron una herramienta clave para prevenir el pago a autoridades y funcionarios públicos o privados para obtener ventajas en procesos de calificación y otorgamiento de contratos, ampliaciones innecesarias de presupuestos, obtención ilegal de documentos, entre otros actos ilícitos realizados en la práctica empresarial.

“ExI es una asociación formada por empresarios, pero, sobre todo, por personas, por individuos con la convicción de hacer las cosas bien y fomentar el cambio”, dice Mariela García, vicepresidenta de ExI. Este cambio apunta hacia el ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, y debe permear tanto en los altos ejecutivos como en todos los trabajadores peruanos para hacerse realidad.

UN RECONOCIMIENTO A LA INTEGRIDAD
La certificación antisoborno es un reconocimiento otorgado a las empresas como prueba de su adhesión a la propuesta de fortalecer una cultura de integridad para prevenir y combatir la práctica del soborno. Para obtenerlo, las empresas deben instalar un “modelo de prevención”. Esto implica determinar cuáles son sus valores por medio de la redacción de un código de ética, y establecer roles de control en procesos determinantes como, por ejemplo, en las áreas de finanzas, donde se emiten los pagos, o en las áreas de auditorías.

“Esto tiene que venir de una convicción y mandato del accionista del directorio y decantar en todas las instancias de las empresas”, explica García. El tiempo y costo de la certificación depende del tamaño de la empresa. Pero, una vez instalado el modelo, su obtención puede tardar entre 30 a 60 días. Hasta ahora, son 15 empresas certificadas y para fin de año esperan duplicar ese número.

TAREA DE TODOS
“En Perú, podemos hacer negocios con integridad”, afirma García, y tener la tranquilidad de poder garantizarlo no es menor. Ese es el primer beneficio de obtener un certificado antisoborno. Además, mejora la confiabilidad en las transacciones y la ética de los negocios, así como el acceso a oportunidad de contratos con el estado y empresas internacionales. 

Una certificación antisoborno también genera mayor confianza en las instituciones que la adoptan en su gestión y ayuda a evitar riesgos de incumplimiento legal y consecuencias penales y administrativas. “En caso de que algún colaborador de la empresa tuviera una mala práctica, pese a que la empresa ha hecho todo lo que está a su alcance para evitar este tipo de situaciones, pueden demostrar que ha sido un acto unilateral”, asegura García. Para ello, es indispensable contar con un programa robusto y certificado por un órgano independiente.

Además, se ha abierto un canal de denuncia. Cualquier trabajador o proveedor puede establecer una denuncia de manera anónima si identifica algún acto de corrupción, y de ser viable, se pueden abrir procesos para atenderla, afirma García.

Con miras a extender este modelo a nivel nacional, ExI lanzó un programa de embajadores dirigido a empresas del sector construcción de cinco regiones de Lima, entre ellas Lima, Piura y Loreto, para que puedan capacitarse e implementar el modelo de prevención y luego poder certificarlos a través de un financiamiento compartido. “Esta es una tarea de todos los peruanos, que nos va a permitir recuperar la confianza, especialmente frente a las empresas”, reconoce García.