Si bien en las últimas semanas hemos sido testigos de las grandes inundaciones ocurridas en Europa y los gigantescos incendios forestales en Estados Unidos, son las regiones de América Latina y el Caribe las que cuentan con uno de los más altos índices de amenazas naturales, ya sean sequías, terremotos, inundaciones, incendios, deslizamientos de tierras, tsunamis, erupciones volcánicas, entre otros. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en las últimas cuatro décadas estos eventos se han triplicado en la región. Las consecuencias ocasionadas solo por las inundaciones en los últimos 20 años han afectado a alrededor de 53 millones de personas y suman más de mil millones de dólares en pérdidas económicas en este lado del mundo. 

Para evitar que estos sucesos se conviertan en tragedias, el BID ha planteado la necesidad de la planificación y el manejo de cuencas, la fiscalización del desarrollo urbano, la reducción de las viviendas informales, el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales y la concientización de la población.

Pero si bien las estrategias necesarias están claras, en Perú la Defensoría del Pueblo informó en diciembre del año pasado que solo el 25% de los gobiernos locales cuentan con planes de prevención y reducción de riesgos aprobados: la mitad de los gobiernos regionales, menos de un cuarto de las municipalidades provinciales y 4% de las municipalidades distritales. 

La falta de capacidad técnica y de gestión presupuestal son algunas de las razones de este problema. Cambiar esta realidad es urgente. Por ejemplo, se calcula que en Perú entre los años 2003 y 2020 se han dado más de 26 mil de estos fenómenos naturales, como lluvias, huaycos, deslizamientos e inundaciones. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, solo el Fenómeno del Niño Costero del año 2017 ocasionó 160 mil damnificados y 114 fallecidos en solo un mes. 

“Solemos decir que los desastres son naturales, pero no lo son. Son desastres porque no somos capaces de analizar las causas y los efectos de por qué se ha generado ese desastre”, explica Orlando Chuquisengo, líder temático en reducción de riesgos de desastres de Practical Action, una organización internacional que viene trabajando en Perú desde 1985 para ayudar a las comunidades a ser más resilientes ante los desastres.

Ante los pocos avances que han llevado a cabo los gobiernos locales, el objetivo central es institucionalizar la gestión de riesgos. Para ello, Practical Action -finalista de los premios Perú por los ODS– busca mejorar la capacidad de los líderes comunitarios brindándoles instrumentos de gestión, como el dominio de las alternativas y sistemas presupuestales públicos para acceder, por ejemplo, a los fondos para la gestión de riesgos y reducción de la vulnerabilidad que tiene a disposición el Ministerio de Economía y Finanzas y que muchas no son utilizados debido a la falta de conocimiento. 

A ello se suma el fortalecimiento de los centros de operación de emergencia, de las oficinas de Defensa Civil, la formación de brigadas de respuesta, así como la implementación de sistemas de alerta temprana y estaciones meteorológicas de bajo costo. La razón es sencilla: “No debemos esperar los desastres para actuar”, aclara Chuquisengo. 

Hacerlo es también una inversión económica. Según estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por cada dólar invertido en la reducción de los riesgos ante los desastres naturales supone un ahorro de siete dólares en pérdidas. 

En la actualidad, Practical Action desarrolla 5 proyectos ubicados en Lima y Cajamarca, que alcanzan a 7 provincias y 28 distritos, y que es también una inversión de desarrollo económico. Pero la clave, indica su representante, está en el trabajo que es acompañado por las mismas comunidades, ya que lo más importante es que estas cuenten con el conocimiento necesario para responder ante los desastres y exigir medidas a sus autoridades.