“Incontenible” e “irreversible”. Con esas palabras las Naciones Unidas describe una de las principales tendencias del mundo: la urbanización. Una tendencia sumamente retadora para la humanidad. Dentro de 30 años, se calcula, es posible que dos tercios de la población mundial viva en zonas urbanas. En las ciudades que no cuenten con planes estratégicos, será más factible que este crecimiento represente el aumento de asentamientos informales o tugurios. No es un pronóstico, es ya una realidad: en los últimos 20 años, más del 75 % de las ciudades del mundo han crecido con más desigualdades. 

Esa desigualdad se ha traducido en que para el año 2015, por ejemplo, 2 mil 300 millones de personas en todo el mundo carecían de servicios básicos de saneamiento, 2 mil 100 millones carecían de acceso al agua potable. Hoy en día, además, mil 600 millones viven en viviendas inadecuadas. 

En Perú, según datos de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, en las últimas dos décadas las ciudades han expandido su tamaño en casi 50%, pero solo el 7% de este se ha dado de manera formal. El otro 93% ha sido informal: viviendas sin agua, pistas o título de propiedad. 

“Este crecimiento urbano informal no solo genera condiciones de vida indignas para millones de familias peruanas, sino que crea además ciudades caóticas, desordenadas e, ineficientes, que afectan la salud, seguridad y  productividad de todos sus habitantes y, en última instancia, las posibilidades de desarrollo de todo el país”, señala la asociación en su informe Vivienda digna para todos Una agenda de políticas 2021-2026. 

Por ello, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible aprobada en julio de este año en Perú, por ejemplo, es un paso clave hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que busca alcanzar ciudades y comunidades sostenibles asegurando el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. 

Esta permitirá impulsar la generación de viviendas de interés social para la población de escasos recursos, el desarrollo de ciudades ordenadas y la adecuada gestión del suelo urbano. Es decir, las viviendas que son subsidiadas por el Estado y destinadas a reducir el déficit habitacional comprendidas en programas como Techo Propio o Nuevo Crédito Mivivienda. 

A ello se suma el trabajo que viene realizando en el país el programa ONU-Habitat para promover el cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás.

Una vivienda adecuada, indica la organización, es aquella que cuenta con siete características indispensables: una protección jurídica contra el desalojo, la disponibilidad de servicios, materiales e instalaciones (agua, instalaciones sanitarias, energía, etc), que no represente un gasto mayor al 30% de los ingresos de sus habitantes, que brinde una seguridad física a la familia, que comprenda las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, que brinde acceso a oportunidades de empleo y servicios básicos como salud y educación, y que tome en cuenta la expresión de identidad cultural.

“La vivienda adecuada está reconocida como un derecho en los instrumentos internacionales incluidos la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La vivienda adecuada debe proveer más que cuatro paredes y un techo. Se deben cumplir una serie de condiciones particulares antes de considerarse como ‘Vivienda adecuada’”, indica la organización 

▶ EL DATO: 
143.000 viviendas nuevas al año necesitan las ciudades del Perú para acomodar a todos los hogares que se forman cada 12 meses.
Fuente: Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios