De la totalidad de conflictos sociales que se presentan en el Perú se calcula que los vinculados a la minería (65%) y los hidrocarburos (19.7%) son los que mayor número de casos presentan. Según la Defensoría del Pueblo, desde abril de 2007 esta ha sido la tendencia.

En Cajamarca, por ejemplo, en el poblado de Tranca de Pujupe, a inicios de año se demandaba el cese de las actividades de exploración de una empresa minera debido a una presunta contaminación de una represa. En Cusco, la comunidad de Camaná exigía una indemnización por los impactos ambientales y sociales producto de un derrame de líquidos de gas natural, y la comunidad de Pumallaqta exigía el monitoreo ambiental participativo del cierre de una unidad minera. Ante casos como estos, la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades es delicada y urgente. 

El trágico derrame de 11.900 barriles de petróleo ocurrido en el mar frente a la localidad de Ventanilla a inicios de año y que afectó 1.400 hectáreas de mar y tierra, es el conflicto ambiental más presente en la opinión pública en la actualidad. Por este, la ONU instó en la urgencia de una evaluación para conocer mejor los efectos desastre para poner en marcha “mecanismo de comunicación y participación de las comunidades en los planes de asistencia y recuperación socioeconómica” y recordó que es responsabilidad del Estado establecer estos canales con la población con el fin de que “influya en la implementación de soluciones a los problemas sociales, asegurando también altos estándares de rendición de cuentas y transparencia”.

Según estudios de la Defensoría del Pueblo, entra la causas de los conflictos ambientales se encuentran el temor a la potencial contaminación que pueden ocasionar las actividades extractivas, la percepción de injusticia de las poblaciones históricamente excluidas respecto al enriquecimiento de terceros a partir de sus tierras, la falta de confianza por parte de la población en la capacidad del Estado para prevenir la contaminación, la percepción de que las actividades extractivas no son compatibles con la agricultura u otras actividades económica y los impactos efectivamente negativos, en muchos casos, como la pérdida o degradación de recursos necesarios para la subsistencia de la población.

Por casos así, la organización Pronaturaleza se enfoca en el monitoreo ambiental en el ámbito de las actividades extractivas, brindando asistencia técnica a todos los actores involucrados para mejorar la gestión socioambiental y la relación entre las empresas y la población. Un aporte al Objetivo de Desarrollo Sostenible de promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático.

En el 2022, Pronaturaleza viene ejecutando distintos proyectos que buscan la reducción de la deforestación de más de 500 mil hectáreas de bosques amazónicos a través del trabajo articulados con 5 organizaciones indígenas, la disminución de crímenes ambientales en la pesca de peces ornamentales y de consumo en comunidades nativas, la integración del enfoque ambiental en la currícula escolar de escuelas rurales y el establecimiento de mecanismos de vigilancia ciudadana que validen la efectividad ambiental de proyectos extractivos. 

“Se trata de explicarles a las comunidades cuál es el objetivo del proyecto de una empresa y de esa manera involucrarlos para que sean los pobladores de las comunidades sean los vigilantes y hagan el monitoreo”, explica Josefina Takahashi, presidenta de la Junta de Administración de Pronaturaleza. “Las comunidades y las empresas tienen que entender que lo más importante es conservar su ecosistema donde las comunidades viven y las empresas operan y en este momento que se eligirán nuevas autoridades locales y regionales es una oportunidad muy importante capacitar en estos temas”.