Incháustegui: “Debemos combatir fuertemente la minería ilegal”

El ministro de Energía y Minas habla de los desafíos de la COVID-19, la minería ilegal y los conflictos sociales.

El sector minero ha logrado remontar gran parte del efecto de la pandemia de la COVID-19, aunque, para la cartera de Energía y Minas, la misión es regresar tan pronto como sea posible a los niveles anteriores a la crisis sanitaria. Mientras tanto, el ministro Miguel Incháustegui pone en la mira también a retos como la minería ilegal y los conflictos sociales.

Ministro, ¿cuánto tiempo calcula que demorará la recuperación de la minería?

Ya hay una recuperación de los principales metales y operaciones. No han llegado todavía al 100%, pero ya están entre un 80% y 90%. En el mes de julio ha habido más de 160 mil trabajadores mineros en todo el sector, lo que es un indicativo de que la recuperación se está dando. El nivel de producción también ha sido interesante. En el caso del cobre, ya se ha llegado a un nivel anterior a la pandemia.

¿Hay una proyección más concreta?

Va a depender mucho del nivel de contagio de la COVID-19. La pandemia afecta a todos los países y no sabemos claramente cuáles serán las siguientes etapas. En Europa, por ejemplo, hay una nueva ola de contagios, y esto va de la mano con el tema de la producción minera. Creo que es difícil dar una fecha en la cual podamos estar al 100%, pero estamos haciendo el esfuerzo para que sea pronto.

“Si queremos que la población vea que la minería realmente puede ayudar al desarrollo, debemos combatir fuertemente la minería ilegal, que es criminal, destruye el ambiente, explota a las personas y no aporta al país”, afirmó el ministro Miguel Incháustegui.

Usted se propuso atender los conflictos sociales con un enfoque preventivo. ¿Cómo se está materializando dicho enfoque?

Nosotros queremos —y no solamente en el sector minero, sino también en el eléctrico e hidrocarburos— generar un círculo virtuoso de aprovechamiento sostenible de los recursos mineroenergéticos que apunte a reducir las brechas que existen. Que esté enfocado en la sostenibilidad ambiental y genere un sector competitivo y sostenible. En esa visión, estamos reforzando el equipo de la oficina de Gestión Social y repotenciando los comités de gestión intergubernamental e intersectorial que se habían instalado en las regiones mineras y cuyo foco era la prevención. El objetivo es estrechar vínculos con las autoridades y tener contacto con las empresas para absolver dudas y preocupaciones que se tengan en las regiones con respecto a los proyectos y las operaciones, y no esperar a que ellos vean que no se resuelven sus conflictos. Queremos estar ahí.

¿Podría ofrecernos ejemplos?

En Moquegua tenemos proyectos como Quellaveco y San Gabriel, y podemos conversar con los líderes de las comunidades y transmitirles el mensaje de que queremos un desarrollo sostenible del sector, que ayude a su entorno. Creemos que esa es la diferencia. De allí vamos a avanzar con estos comités en Cajamarca, en el corredor minero del sur, en Loreto. Ese es el enfoque: ser preventivos. No esperar a que vengan sino ir adonde están ellos y demostrarles que vamos a ser el ente que va a ayudar a que sus preocupaciones se resuelvan y a controlar que el desarrollo de los proyectos y operaciones sean correctos, respetando el medio ambiente y cumpliendo con los estándares.

Además de las intervenciones en Madre de Dios, ¿cómo se piensa enfrentar la minería ilegal?

Vamos a hacer una revisión y cumplir con todas las sugerencias y recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que en febrero de este año presentó su informe y contiene muchas cosas interesantes. En este caso puntual, la comisión plantea diseñar una política de minería artesanal y otra para combatir la minería ilegal. Esto va de la mano con lo que ya está haciendo el gobierno con respecto a la minería ilegal. Allí, por ejemplo, está el tema de La Pampa, en Madre de Dios, y hay otros puntos más en todo el país. Pero en esta iniciativa no participa solamente el sector de Energía y Minas: también están el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Ambiente, y el trabajo tiene que ser articulado con las autoridades locales. Si queremos que la población vea que la minería realmente puede ayudar al desarrollo, debemos combatir fuertemente la minería ilegal, que es criminal, destruye el ambiente, explota a las personas y no aporta al país.

Se ha mejorado la Ficha Técnica Ambiental, pero todavía hay problemas con respecto a las consultas previas para los procesos de exploración. ¿Están viendo alguna solución?

Sí. Ha habido unos cambios normativos, se ha establecido una mejora en el Reglamento de Procedimientos Mineros y también se ha establecido el silencio administrativo positivo. En el caso de la consulta previa, esta demora entre seis meses y un año y medio. Luego, la empresa que quiere explorar debe llegar a un acuerdo con la comunidad, lo cual puede tardar otros seis meses, y después de casi dos años recién empieza la perforación. Sobre esto, la comisión sugirió un dos en uno: en vez de hacer dos procesos, uno después de otro, la idea es plantear un acuerdo previo, que sea vinculante y que la empresa se comprometa a cosas concretas. En una etapa inicial, no se pueden definir compromisos grandes ni de gran duración, pero sí por etapas. Si sale bien la exploración, se comprometen a algo más. Por otro lado, al contar con la presencia del Gobierno, lo que se hace es algo similar a una consulta previa, se plantean los temas y se informa. Esto es algo innovador que estamos evaluando.

¿Le parece que las empresas contratistas mineras son parte clave del proceso de reactivación del sector?

Sí, son un elemento clave en toda operación minera. En la mediana y gran minería hay contratistas peruanas con mucha experiencia, que incluso están teniendo trabajos en otros países. Como sector, tenemos que apoyar que sigan creciendo y desarrollándose. Estamos haciendo una hoja de ruta tecnológica para generar sinergias y proyectos que hagan que los proveedores mineros sean competitivos y den buenos servicios en el Perú y el mundo. En Australia, el PBI de las empresas mineras es de 12%, pero el PBI de los proveedores es 10% más. En el Perú, esta cifra es de 4% o 5%. Esa es la brecha que podemos trabajar juntos, el gobierno con las empresas mineras y los proveedores, y generar posibilidades de desarrollo conjunto. Eso es generar valor compartido: las empresas mineras apoyan el desarrollo de los proveedores, así la minera tiene un mejor servicio y, al mismo tiempo, se crea valor para la comunidad, porque el proveedor, el contratista minero, también contrata gente del país y da servicios. Es un ganar-ganar que se debe promover.