La minería y su papel fundamental en la recuperación económica

La paulatina reactivación del sector minero es un impulso necesario para menguar la caída de dos dígitos del PBI nacional.

Redacción ContentLab

Una reciente encuesta, realizada por Ipsos Apoyo entre el 9 y 10 de julio, reveló que el 58% de la población peruana reconoce el rol protagónico que tendrá la minería en la reactivación económica del país, mientras que un 25% considera su rol como “importante”. Estos resultados evidencian que la minería está interiorizada en la población como un eje fundamental de la economía.

Los especialistas han reconocido ese protagonismo desde hace más de 19 años. En 2001, un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) resaltó que el sector minero era fundamental para la expansión económica sostenida del PBI, en especial para las exportaciones y la inversión extranjera. En 2012, otro reporte del IPE destacó que, a diferencia de otras actividades, la minería tenía un amplio grado de integración con el resto de sectores económicos, desde el productivo, el manufacturero y el comercial, hasta la demanda de servicios.

Visto de otra forma, el efecto expansivo de la minería también se reflejaba en la generación de empleo, pues, según el IPE, por cada empleo directo que se genera en el sector minero, se crean nueve puestos adicionales en otros sectores. “Eso hace que el impacto de la minería sobre la economía sea mucho mayor de lo que comúnmente se cree”, indicó el informe de 2012.

“Muchas mineras han optado por asumir un rol más proactivo, generando una segunda agenda más allá del cumplimiento de las obligaciones fiscales, medioambientales y de seguridad”

Para Luis Miguel Incháustegui, ex viceministro de Minas, el valor del sector sobre la economía nacional es incuestionable, representando alrededor del 10% del PBI y cerca del 60% del importe de las exportaciones totales. Es decir, para Incháustegui, en términos macroeconómicos, su importancia es evidente.

Sin embargo, en sus zonas de influencia, a nivel social y económico, el alcance no es el mismo. Los múltiples factores que lo explican han sido discutidos en repetidas oportunidades por expertos de diversas disciplinas. Destacan tres:

– Falta de presencia del Estado

– Débil ejecución presupuestal en las regiones

– Falta de capacidad para el desarrollo de proyectos

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Ante esta situación, muchas mineras han optado por asumir un rol más proactivo, generando una segunda agenda más allá del cumplimiento de las obligaciones fiscales, medioambientales y de seguridad.

“Las empresas ayudan a concretar planes de desarrollo concertado, logrando que las municipalidades definan sus necesidades. Un contratista brinda el servicio de asistencia técnica para definir, por ejemplo, expedientes técnicos de proyectos de infraestructura social, que muchas veces la administración local no desarrolla por falta de recursos”, indica Incháustegui.

El exviceministro de Minas recuerda, por ejemplo, el caso de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde, en Arequipa, que apoyó a la municipalidad provincial a mejorar el sistema de agua de la ciudad. Igualmente, empresas como Antamina y Gold Fields desarrollan, con la ayuda de contratistas, actividades de capacitación técnica a los municipios de sus zonas de influencia.

No obstante, Incháustegui afirma que es necesario pasar a una nueva etapa respecto del enfoque social y de desarrollo en los proyectos mineros, aplicando el criterio de “Creación de Valor Compartido” (CVC). Desde hace ya algunos años, este concepto es un escalón más en la visión de Responsabilidad Social Empresarial, donde no sólo se identifica el beneficio para las comunidades bajo un esquema de apoyo o ayuda, sino que se centra en alcanzar una visión de crecimiento y sostenibilidad conjunta, tanto para la empresa minera como para la comunidad.

“Por ejemplo, si las mineras invirtieran en desarrollar una visión empresarial competitiva entre las personas que viven cerca de las zonas de influencia, se reconocería el valor de la minería, reduciendo los conflictos”, sostiene.

En otras palabras, basados en la definición de Michael Porter, docente de la Universidad de Harvard (EE.UU.), la CVC se basa en concebir proyectos que aporten valor más allá de la rentabilidad, principalmente en impacto social.

EL EFECTO MULTIPLICADOR

Gonzalo Quijandría, director de Asuntos Corporativos de Minsur, destaca dos hitos importantes en la relación entre las empresas mineras y el desarrollo social y de infraestructura:

– El aporte voluntario minero, implementado entre 2006 y 2011

– El mecanismo de obras por impuestos (OxI), aplicado intensivamente desde 2014

Se trata de dos sistemas que permiten a las empresas mineras invertir directamente en la gestión y desarrollo de infraestructura pública, en paralelo a la ejecución del Estado de obras y servicios con recursos proporcionados por el sector minero.

Hoy, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indica que, si se ejecutan los 48 proyectos mineros en cartera, se crearán más de 600 mil empleos directos e indirectos, así como múltiples ingresos fiscales para luchar contra la pandemia. Se trata de un portafolio que en dinero equivale a una inversión de US$57 000 millones.

Con la progresiva recuperación de la minería, los niveles de consumo de energía eléctrica de esta industria han retomado el volumen de demanda previo a la cuarentena. Quijandría considera que ese índice irá en aumento, al igual que la demanda de productos y servicios que van a requerir de otros sectores. Sin embargo, señala, es importante aprovechar esta ola de inversiones de manera correcta.

Por su lado, Incháustegui remarca que es el momento de fijar metas de largo plazo que asimilen de mejor forma el beneficio que la minería aporta a la economía, reconocido ya por la mayoría de peruanos, y trabajar más para seguir aportando en el desarrollo de las zonas de influencia, donde las capacidades de la administración local para luchar contra la pandemia han sido limitadas.