La capacidad de las empresas privadas para promover el desarrollo sostenible es cada vez más evidente. La Hoja de Ruta de Servicios Financieros, impulsada por la organización Perú Sostenible, subraya estos avances. En ella se comenta que dos de cada tres encuestados por el Centro de la Gobernanza del Cambio y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en once países consideran que las empresas deben contribuir de manera explícita a los Objetivos de Desarrollos Sostenible (ODS) propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En ese contexto, no es casualidad que en Iberoamérica existan más de 170 mil empresas con propósitos sostenibles. Estas empresas generan el 6% del PBI de la región y dan trabajo a 10 millones de personas, según estudios de la SEGIB y la Universidad Politécnica de Madrid.

La Organización de las Naciones Unidas ha sido clara: “la actividad empresarial, la inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo”, señala en su resolución Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. “Exhortamos a todas las empresas a que aprovechen su creatividad e innovación para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible”.

Dos caminos hacia la sostenibilidad para el sector privado
Hoy en día, en el país, el 64% de las grandes empresas indican que se involucrarían en la sostenibilidad si se alinea con los principios de su empresa. Para ello existen dos tipos de mecanismos: la inversión en proyectos propios de la organización en el sector ambiental, social o de gobernanza corporativa —que implican una transformación en sus modelos de negocios y de gestión—, o por medio de inversiones para el cierre de brechas nacionales a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) —que no necesariamente están vinculados al negocio de la empresa.  

Para el primer caso, sirve traer a colación algunos datos recogidos por Empresa con Gestión Sostenible (EGS), una herramienta de gestión integral, desarrollada por Perú Sostenible, que evalúa y distingue aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a través de indicadores específicos alineados a estándares internacionales de sostenibilidad. En su edición 2022, EGS encontró que, en promedio, 90% de las entidades participantes realizan inversiones en proyectos de innovación en temas ambientales, sociales y de gobernanza, ya sea desde iniciativas de investigación hasta la construcción de herramientas tecnológicas necesarias para esos campos, pasando por otros múltiples tipos de acciones. Así, favorecen el desarrollo sostenible partiendo de problemáticas que se vinculan con el ‘core’ de su negocio. 

Desde el año 2019, EGS promueve un ecosistema empresarial sostenible como forma de vida para las organizaciones. Desarrollando indicadores y requerimientos, las empresas participantes han aumentado en un 16%, sumando hoy un total de 136 compañías.  

Por su parte, el mecanismo de OxI, detalla el Ministerio de Economía y Finanzas, “es una oportunidad para que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura existente en el país”. En este esquema, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan y, una vez finalizado el proyecto, se entrega a la empresa certificados por el monto invertido, de forma que puedan ser utilizados para el pago del impuesto a la renta.

En los últimos años, detalla Darío Zegarra, presidente de Presidente de ALOXI – Alianza para Obras por Impuestos, 149 empresas privadas han participado en Obras por Impuestos. Su potencial es evidente y por ello resultan importantes las alianzas público-privadas para el cierre de distintas brechas. Como recuerda el respresentante de ALOXI, según la Contraloría General de la República, a mayo del 2023, más de 1700 obras públicas se encontraban paralizadas, principalmente en los departamentos de Cusco, Puno, Lima, Cajamarca y Áncash. “Es fundamental que pensemos en invertir en las personas, capacitarlas para que desarrollen habilidades en gestión pública, porque son ellas quienes harán la diferencia para el desarrollo de los territorios”, explica.

Sin embargo, aún hay grandes trabas que se deben resolver para que las empresas puedan contribuir aún más en estos sectores. El Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe ha concluido que “la arquitectura institucional para permitir que estas empresas florezcan aún está significativamente subdesarrollada” debido a la falta de marcos institucionales claros, lo que obliga a las organizaciones a operar “en un sistema que separa a las empresas con fines de lucro de las entidades con voluntad de impacto”, generando “duplicidades innecesarias”.