En el Perú, alrededor del 70% de conflictos sociales existentes corresponden a conflictos socioambientales, según datos de la Defensoría del Pueblo. Entender esta tensión es urgente. Más aún cuando, según la misma institución, estos mantienen una tendencia creciente. 

Como señala el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en todo el mundo, el consumo y la producción dependen del uso del medioambiente y de los recursos de una manera que tienen efectos destructivos sobre el planeta, y los conflictos y las instituciones débiles suponen una grave amenaza para el desarrollo sostenible.

Por ello, en Perú, existen comités de monitoreo y vigilancia ambiental participativos. Como indica en sus estudios la organización Grupo de Diálogo, estos comités se originaron con el fin de “mejorar la participación de las comunidades y de las autoridades locales”, así como “enfrentar desconfianzas y temores con mecanismos que permitan conocer qué impactos genera la actividad minera”. 

Iniciativas para combatir el calentamiento global
Sin embargo, la minería no es el único sector que genera tensiones sociales. La producción de energía, por ejemplo, es el factor que más contribuye al cambio climático, pues representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según el PNUD.

Para hacer frente a esta problemática han surgido proyectos como el Comité de Monitoreo Ambiental y Vigilancia Ciudadana Ilo, de la empresa ENGIE, recientemente ganador del Reconocimiento Perú por los ODS en la categoría Paz, otorgado por la organización Perú Sostenible. Este comité tiene una influencia en los pobladores de los distritos de Ilo y El Algarrobal, en la provincia de Ilo (Moquegua), donde se alcanza a alrededor de 66 mil personas en el área urbana y 400 en el área rural.

“Este es un proyecto que consiste en incluir e involucrar a la sociedad civil y los representantes de la zona de influencia de la central hidroeléctrica de Ilo en el monitoreo de nuestras actividades”, explica Suan Quiroz Molina, responsable de asuntos sociales de ENGIE Perú. “Esto contribuye a la paz social en la zona, porque conocen de cerca en qué actividades estamos y cuál es el impacto de nuestro proceso de generación, y corroboran que los impactos ambientales que genera nuestra empresa no dañan el ecosistema ni afectan a la sociedad”. 

El jurado del Evento Perú Sostenible En Vivo destacó la participación organizada de la sociedad civil y las autoridades de Ilo en el seguimiento y vigilancia ambiental de las centrales energéticas. Estas acciones, expresó el jurado, ayudan a crear relaciones de confianza sólidas y duraderas con los grupos de interés y, al mismo tiempo, transparentar los resultados ambientales obtenidos. 

La iniciativa, indicó la organización, evidencia la generación de confianza y el reforzamiento de la institucionalidad de la empresa con su comunidad. 

Como indica la Defensoría, un conflicto social “debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”. Por ello, iniciativas como Comité de Monitoreo Ambiental y Vigilancia Ciudadana Ilo, ayudan a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Agenda 2030 de la ONU, como lo es la creación de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas y la adopción en de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la población.