El impacto de este panorama en la vida cotidiana es grave. “La baja ejecución de las inversiones y, sobre todo, la corrupción existente en el proceso de ejecución de las inversiones, en los tres niveles de gobierno, afectan negativamente la calidad de las obras públicas y, en consecuencia, de los servicios que demanda la gente en educación, salud, agua y saneamiento, seguridad ciudadana, etc”, explica Epifanio Baca Tupayachi, director de proyectos del Grupo Propuesta Ciudadana, consorcio de organizaciones no gubernamentales que tiene como misión apoyar la consolidación del sistema democrático en el Perú.

En efecto, las investigaciones sociales indican que existe una relación entre el gasto público, por ejemplo en educación y en salud, con los índices de desigualdad de una sociedad: mientras más gasto efectúe un gobierno, menor será esa desigualdad. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indica que en América Latina, el gasto público sigue mostrando “deficiencias para atender las necesidades sociales de la población vulnerable, lo que incide en los lentos progresos en el alivio a la pobreza no extrema y en la disminución de la desigualdad en la región”.

Justamente por ello, Propuesta Ciudadana entrena a líderes sociales en el uso de plataformas de información pública para la vigilancia ciudadana de obras públicas en diez regiones. A la vez, publica informes periódicos sobre el desempeño de los gobiernos regionales y locales en la ejecución de inversiones, formula propuestas políticas para la mejora de la gestión de las inversiones en los gobiernos regionales y locales, y brinda asesoría a gobiernos locales y regionales en la actualización de sus planes concertados y la difusión de buenas prácticas de gestión de inversiones. Con ello, Propuesta Ciudadana busca orientar mejor la calidad del gasto público y prevenir la corrupción.

“El mayor reto que enfrenta la gestión de inversiones públicas en el Perú es la lucha contra la corrupción y, junto a ello, la mejora de la capacidad de gestión de los gobiernos descentralizados”, señala el economista Baca. “La lucha contra la corrupción requiere acciones de corto plazo -como más control concurrente de la Contraloría, comisiones regionales anticorrupción, vigilancia ciudadana, investigación periodística- y de mediano plazo -como regular el financiamiento de campañas electorales y de partidos, sancionar efectivar a los corruptos y reducir los índices de impunidad”.