Durante la emergencia sanitaria producto de la pandemia, los subsidios monetarios entregados por el Estado dejaron en evidencia una cifra alarmante: el 57% de beneficiarios no era parte del sistema financiero. Por ello, los traslados a las agencias bancarias cercanas para el cobro del Bono 600 y Bono Yanapay generaron aglomeraciones y riesgo por exposición al COVID-19.

Frente a esta problemática, el Programa Pensión 65 trabajó una alianza junto con entidades financieras como Banco de Crédito del Perú (Yape), Interbank (Tunki), Compartamos Financiera (BIM), Caja Rural de Ahorro, Crédito Los Andes S.A y Banco de la Nación. El objetivo: realizar un trabajo articulado para adherirse al proceso de pago y las modalidades de pago disponibles.

Así, se implementaron alternativas como el uso de billeteras digitales, que permitió una mayor rapidez en el cobro y la inclusión financiera de los beneficiarios. Además, se limitó la presencialidad, se redujeron los costos y el riesgo de contagio en el contexto del COVID-19. Pero algo más importante: demostró que una alianza público-privada puede cerrar brechas de atención a las poblaciones en situación de pobreza y/o vulnerables, favoreciendo su inclusión financiera.

Los resultados fueron determinantes: las 87,795 personas incorporadas a esta modalidad en subsidios monetarios ascendieron a 1,059,302 incorporadas en el sistema financiero formal del país y, con ello, con capacidad para acceder a productos financieros. De esta manera, pudieron ejecutar acciones de cobro a través de un medio digital sin el contacto directo con el papel moneda.

También se redujo el tiempo de cobro, así como el costo de cobro de subsidios económicos: la programación bajo alguna modalidad de cobro con requerimiento de presencialidad física en una agencia bancaria hubiera demandado un esfuerzo económico de S/ 13.00 per cápita.

Iniciativas como estas demuestran resultados positivos de articulación de distintos actores como el sector público, privado y sociedad civil, que generan un país más próspero. Por ello, el pasado 5 de septiembre esta estrategia, denominada “Cobro de subsidios monetarios otorgados por el Estado en el contexto de COVID-19“, fue premiada en la recién creada categoría Cooperación Público-Privada del premio Buenas Prácticas en Gestión Pública de Ciudadanos al Día. 

De acuerdo al jurado, la estrategia mereció un reconocimiento por promover la inclusión financiera del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, a través de billeteras digitales para ciudadanos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Cabe destacar que desde el 2005, el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública fomenta y promueve la identificación, reconocimiento y divulgación de iniciativas lideradas por entidades públicas. Su colaboración con agentes del sector privado, la academia y la sociedad civil ha producido destacados resultados en beneficio de la ciudadanía.