Durante la pandemia del coronavirus una imagen se hizo frecuente. Principalmente en las periferias de la ciudad emergieron una multitud de banderas blancas. Eran familias anunciando la necesidad de alimentos. Eran las banderas del hambre. La restricciones para la movilización de las personas que buscaban contener los contagios del COVID-19 complicaron aún más la subsistencia de los sectores que dependían del sustento diario para su alimentación. Y en ese crítico contexto, los comedores populares revalorizaron y visibilizaron el papel crucial que desempeñan en la vida de miles de peruanos y peruanas. 

Según el registro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el Perú funcionan 13.723 comedores populares que atienden a alrededor de 705 mil personas. La necesidad de estos espacios es tan vital para las personas que estos dependen de una logística en la que participan 230 gobiernos locales (195 municipios provinciales y 35 municipios distritales de Lima Metropolitana). “Aun cuando dejaron de funcionar temporalmente por las cuarentenas, sin ellos el impacto de la pandemia habría sido todavía mayor”, señaló el gobierno en su momento. Por ello, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado a través de múltiples transferencias económicas y de alimentos, el apoyo de organizaciones privadas y de la sociedad civil ha sido clave. Como el trabajo realizado a través de los Comedores Cálidda, que se ha expandido en 24 distritos de Lima y Callao, beneficiando con una conexión gratuita de gas natural a 858 comedores populares que alcanzan a alrededor de 72 mil comensales. Un esfuerzo que ha sido acompañado de la capacitación a alrededor de 4.300 mujeres con talleres de violencia contra la mujer, emprendimiento, nutrición e higiene alimentaria.

“Uno de los principales pendientes es seguir masificando el Gas Natural y así llegar a más comedores populares, logrando el acceso a una energía más asequible, limpia, amigable con el ambiente y saludable”, explica Luciana Caravedo Farro, directora de Sostenibilidad y Reputación de Cálidda. “Esto a corto plazo genera ahorro, lo cual permite que estos centros realicen mejoras en su infraestructura y compren más insumos para mejorar la nutrición de miles de peruanos”.

El trabajo, calcula la empresa, ha evitado la emisión de 875 toneladas de CO2, y ahorrado más de 5.6 millones de soles al sustituir el uso del gas licuado de petróleo por el gas natural. Este año, por ello, apuntan a poder conectar a 40 comedores más, fortaleciendo también las capacidades de liderazgo y emprendimiento de las mujeres que encabezan estos espacios. Una tarea y un desafío que permite encaminarnos a asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerable, meta trazada por los Objetivos de Desarrollos Sostenible del Programa de Naciones Unidas. 

Como ha señalado el presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y director de la Revista Agraria en el podcast Archivo Emergente, del Proyecto Especial Bicentenario, Fernando Eguren, más allá de las políticas y acciones específicas para menguar las carencias alimentarias de parte de la población, es necesario también dimensionar los problemas de la seguridad alimentaria en el Perú.

“Cuando hablamos de la alimentación, hay que incorporar también literalmente el hambre: la posibilidad de que uno pueda morir por falta de alimentos”, aclara Eguren. “La pandemia nos debe preparar para eventos de un grado de gravedad que solo podíamos ver en las políticas de ficción. Debemos atrevernos a hablar de la posibilidad de hambrunas en el Perú. No como un agorero, sino pensando qué haríamos si se produce. Para hablar de hambruna no necesitamos que esto aqueje a la mitad del país”.

▶ DATO:
Alrededor de 131 millones de soles ha transferido hasta la fecha el Ministerio de Economía y Finanzas a los comedores populares a raíz de la pandemia del coronavirus.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas