Mucho más que acero y cemento. Para aspirar a la construcción de un país que atienda las necesidades materiales de sus ciudadanos es necesaria una industria manufacturera inclusiva y sostenible, así como el desarrollo de capacidades en los sectores industriales, a través de la investigación y de una infraestructura capaz de soportar los efectos del cambio climático y que responda oportunamente a las necesidades de la población.

De igual forma es importante hallar mecanismos de cooperación y control entre los sectores privados y públicos para financiar, ejecutar y operar esta infraestructura, con criterios de gobernanza lejos de las trabas burocráticas y el cáncer de la corrupción.

Cómo materializar esta visión a través de acciones concretas fue lo que se discutió en la Mesa de Acción del ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura, impulsada por Perú Sostenible.

Se plantearon tres rutas de acción:

• La diversificación productiva industrial bajo un enfoque de economía circular.
• La innovación y uso de tecnologías limpias.
• Y el desarrollo territorial de infraestructura sostenible, resiliente y de calidad. Esto último, mediante la gestión de proyectos, el impulso de diversos mecanismos de financiamiento y la capacitación de tomadores de decisiones.

Mucho por hacer

Nuestro país se encuentra en una posición vulnerable, ya que la brecha de infraestructura de acceso básico a largo plazo es muy grande. Según el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 – 2025, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta asciende a S/ 363 452 millones y requiere obras en sectores como Transportes, Agua y Saneamiento, Salud y Comunicaciones.

¿Por dónde empezar? Para Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) se debe priorizar la atención de los servicios esenciales en cada región, “sobre todo en infraestructura social como salud, educación, agua y saneamiento, electricidad y conectividad”, precisó.

Agregó que el reto es grande, pero se han dado avances. “Cambios en el aspecto institucionalidad, como la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI) son pasos importantes para reforzar con acciones y señales claras a los inversionistas privados”, comentó.

Financiamiento

En ese sentido, se crearon diversos mecanismos que permiten movilizar los recursos financieros requeridos para invertir adecuadamente en infraestructura:

• Obras públicas, a cargo del gobierno local o nacional.
• Asociaciones Público Privadas (APP), donde participan el sector público y privado en la concesión, operación y mantenimiento.
• Proyectos en activos, en los que la inversión privada se ejecuta sobre activos de titularidad de las entidades públicas.
• Obras por Impuestos (OxI), donde el privado se encarga del financiamiento, con cargo al pago de su impuesto a la renta de tercera categoría.
• Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR), que son generalmente inversiones de baja complejidad técnica y riesgo acotado, y cuya necesidad resulta evidente.

Darío Zegarra, presidente del consejo directivo de la Alianza Obras por Impuestos (ALOXI) explica que los ministerios y los gobiernos locales y regionales son los que deciden qué proyectos priorizar. El especialista sostiene que uno de los principales problemas de los que adolece el Perú en cuanto a infraestructura es el diseño inadecuado de los perfiles y expedientes técnicos. “Si algo no empieza bien, no puede terminar bien”, sentencia.

Zegarra agrega que es indispensable que se fortalezcan las capacidades de los tomadores de decisiones para tener una cartera de proyectos bien diseñada, con análisis rigurosos de los costos y los plazos. “Es necesario sensibilizar al sector público sobre el costo-beneficio de incorporar una planificación adecuada y tomar en cuenta componentes ambientales y de resiliencia al cambio climático”.

Para Mónica Siles, directora de la Oficina Multipaís de UNOPS para la región andina, destrabar la inversión en infraestructura pública puede contribuir a generar inversión y empleo. Sin embargo, hay que superar varios desafíos a nivel institucional, legal, técnico y de implementación. Señala además que es necesario combatir el fenómeno de la corrupción de manera integral, no solo en el sector de la infraestructura, sino en el conjunto de la sociedad.

En ese sentido, la funcionaria recomienda incluir consideraciones sobre los riesgos de la corrupción en la gestión de los proyectos, así como la titularidad nacional y el desarrollo de la capacidad, mediante capacitación y selección por concurso. A la vez, urge mejorar la transparencia a través de instrumentos informáticos de evaluación y seguimiento, así como el fomento de la competencia justa y equitativa en las adquisiciones públicas y la partición activa de la sociedad civil.