Solo en los primeros cien días de cuarentena decretada en los por la pandemia del coronavirus, el teléfono de la línea 100 del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables -habilitado para reportar casos de violencia familiar- sonó más de 67 mil veces. Como la mayoría de cifras que han surgido durante la pandemia, estas han permitido visualizar la magnitud de múltiples problemáticas. Y la realidad de la violencia contra la mujer es la siguiente: según datos del Observatorio Nacional, del año 2015 al 2017, las asistencias anuales a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), dedicados a las mujeres víctimas de violencia familiar y sexual, ascendieron de 58 mil a 95 mil aproximadamente. 

Pero dentro de ese mismo problema, la violencia contra las adolescentes representan un reto aún mayor: la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar indica que, en las últimas dos décadas, el embarazo adolescente se ha dado en un aproximado de 13%. Como ha señalado la UNICEF en su documento Normas sociales en relación con la violencia y el embarazo adolescente, “el Perú ha avanzado en la creación de una normatividad que prohíbe las múltiples formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes, al tiempo que busca la garantía integral de sus derechos. No obstante, un avance en materia legislativa no siempre está acompañado de un desarrollo cultural y social en la misma dirección”.  

Según la Encuesta sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en el Perú, los principales problemas de salud sexual de las y los adolescentes son: el embarazo no deseado (64%), la maternidad temprana (42%), y el aborto clandestino (34%). Y las cifras de embarazo adolescente son más altas en la selva (24.9%). Incluso, especifica el documento, triplican el porcentaje de Lima Metropolitana (8.3%).

Por ello, son necesarios los esfuerzos de organizaciones como ENMA (Empoderamiento de la niña y mujer amazónica) por empoderar a las niñas y mujeres de la Amazonía entre 12 y 19 años para reducir los actos de violencia sexual o física y los embarazos no deseados en las comunidades campesinas y nativas del departamento de Loreto. Trabajo que le ha permitido ser finalista de los premios Perú por los ODS ya que acortar de las brechas de acceso público a la información y de las protección de las libertades fundamentales a la que aspiran los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD.

“El embarazo adolescente nos causa mucha preocupación y la desinformación y la falta de educación sexual integral son una de las principales causas. Y, a parte, los jóvenes aquí no tienen espacios para desarrollarse terminando la secundaria y las mujeres mismas consideran que no tienen las capacidades para hacer una vida universitaria, que no tienen las suficientes capacidades”, explica Maricielo Arévalo Pinedo, fundadora y directora de ENMA. 

Para contrarrestar este problema aplican una metodología que comprende el aprendizaje de habilidades blandas, como el autoestima, el liderazgo, la exploración vocacional y el emprendimiento. Herramientas que buscan potenciar el desarrollo tanto personal como comunitario. Adecuan este método a las características de cada comunidad. Además realizan procesos de educación vocacional para que las mujeres puedan ampliar sus posibilidades de futuro. También desarrollan proyectos de emprendimiento con recursos naturales, y ahí identifican también las capacidades de liderazgo de las mujeres.

“Es tan importante para el Perú que las mujeres amazónicas sean empoderadas. Vamos a mostrar un cambio significativo para nuestro país, porque no sabemos si en ese grupo de chicas con conocimiento de la naturaleza se puede encontrar una futura científica”, señala Arévalo.