San Martín alberga dos verdades: es la región amazónica más deforestada del Perú, pero, al mismo tiempo, es la que ha demostrado mayor eficiencia en los últimos años en la reducción de los índices de este mismo problema. Para entender este cambio es necesario remontarse a la década de 1980, en plena época del terrorismo, cuando San Martín “era vista como la despensa agrícola del Perú”, según explica Karina Pinasco, directora ejecutiva de la asociación Amazónicos por la Amazonía (AMPA) y coordinadora de la red nacional de conservación voluntaria y comunal Amazonía Que Late.

Pinasco es local. Nació en Juanjui, un pueblo del Alto Huallaga de los más golpeados por el terrorismo y el narcotráfico. Esto le permitió entender la raíz del problema: los agricultores desplazados por el narcotráfico y la minería formal de sus zonas originarias, como Cajamarca, Piura y La Libertad, por ejemplo, llegaban a las zonas boscosas y de fuertes pendientes en San Martín, y deforestaban los bosques para iniciar actividades productivas como la ganadería y chacras de monocultivos.

“Teníamos bastantes productos que no eran amazónicos trabajados en nivel de monocultivos que estaban degradando nuestras tierras y propiciando un déficit hídrico y la reducción en términos de productividad. Pero también de la reducción de la calidad de vida y los medios de vida de las propias comunidades”, explica Pinasco. Esto, sin contar que un promedio de 100 mil hectáreas han quedado deforestadas debido a la actividad minera en Madre de Dios por un periodo de 34 años.

Fue a la luz de estos problemas que Pinasco comenzó a dirigir el ordenamiento territorial de San Martín. “Decidimos en esa coyuntura armar una organización de la sociedad civil que se involucren y colabore con el gobierno en la implementación de esas políticas territoriales para recuperar lo que se había perdido”, dice Pinasco. 

Así surgió AMPA, una organización sin fines de lucro que apoya la conservación de la biodiversidad, el patrimonio natural y el desarrollo territorial sostenible que inició sus actividades en San Martín y ahora trabaja en las regiones de San Martín, Amazonas, Loreto, Cajamarca y La Libertad.

EL BENEFICIO DE LA ORGANIZACIÓN
Cuando iniciaron este proceso, hace 15 años, ya existía un déficit hídrico por la pérdida de bosques. Pero, en 2006, con la propuesta de Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Amazonas, le siguieron una serie de políticas regionales, como el Plan Forestal Regional, que revelaron que más del 70% de la amazonía correspondía a áreas de conservación y protección ecológica. 

Si bien estas políticas contribuyeron a aumentar las zonas protegidas, estas no eran bien vistas por  las comunidades porque entonces no estaban ligadas con su propio desarrollo. Pero esto fue cambiando. “Ahora las áreas protegidas están más involucradas con el desarrollo”, asegura Pinasco. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en 2015, por ejemplo, permitió otorgar concesiones para la conservación a la sociedad civil organizada: pueblos indígenas, rondas campesinas, comunidades rurales.

Desde AMPA, solicitaron la primera concesión para la conservación en San Martín, con 143 mil 928 hectáreas. “Así, a partir de nuestra propia experiencia, comenzamos a transmitir a los mismos usuarios del bosque para que asuman este compromiso, es decir, para que la gente local administre su propio territorio bajo la figura de concesiones para conservación”, explica Pinasco.

Actualmente, San Martín cuenta con 41 concesiones para conservación, 1 para ecoturismo y 5 áreas de conservación privadas. Esto se suma a la gran red nacional Amazonía Que Late, una plataforma educativa en línea pensada para fortalecer las capacidad de la comunidad amazónica, coordinada por Pinasco y formada actualmente por 8 regiones amazónicas, y 6 redes regionales que cuidan más de 140 iniciativas en 1.8 millones de hectáreas de bosques cuidados desde la sociedad civil, también llamados Guardianes del Bosque.

“Estamos hablando de que, voluntariamente, las familias y las comunidades se han organizado para cuidar un patrimonio natural de todos los peruanos, que representa para el estado un ahorro de 11.5 millones de soles”, detalla Pinasco, convencida de que la conservación es la vía más económica para salvar los bosques y garantizar una mayor calidad de vida a las comunidades.

“No podemos darnos el lujo de cortar valiosos bosques con enorme cantidad de servicios ecosistémicos, pero también con enorme posibilidad de generar renta. Los bosques en pie son más rentables que cualquier actividad convencional que deforestar”, afirma.