“Hay un proyecto que se me viene a la memoria: era un reservorio con un canal y un sistema de riego. Un proyecto pequeño, ni el más grande, ni el más ambicioso. Pero el día de la inauguración, un señor mayor, sobre los 70 años, se acercó y me dijo ‘ingeniero, gracias por este proyecto que soñó mi abuelo’”, cuenta Darío Zegarra. Sus casi 24 años de trayectoria empresarial han permitido a este ingeniero de minas conocer las dificultades que enfrentan las provincias de la sierra y la selva para acceder a oportunidades de inversión pública. Es cierto que en la última década los presupuestos y algunas responsabilidades se han descentralizado, pero el problema no ha sido resuelto, pues no se ha conseguido fortalecer los mecanismos de ejecución para reinvertir estos recursos en infraestructura básica.

La actual coyuntura por la pandemia del coronavirus dejó en evidencia, una vez más, la brecha en infraestructura sanitaria. “No es un problema de falta de recursos, sino de falta de mecanismos efectivos para asegurar la inversión oportuna y eficiente de los recursos. Es también la falta capacidades colectivas y de gestión, en una descentralización trunca que vivimos en el país”, explica Darío, y brinda un dato concreto: de acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 2019, el Estado no logra gastar alrededor del 30% del presupuesto público, por falta de gestión.

Esta problemática —nada nueva, reconoce Darío— ya estaba en la mira del sector privado desde 2014. Un grupo de empresas comprometidas con el desarrollo sostenible trabajó con el objetivo de impulsar las Obras por Impuestos, un mecanismo que permite que la empresa privada destine la mitad de sus impuestos al financiamiento y ejecución de proyectos de inversión pública que atiendan las necesidades de la población.

Así, en 2018 se creó ALOXI, una asociación sin fines de lucro que hoy agrupa a 30 empresas privadas que buscan impulsar este mecanismo. Mediante su aplicación se ayuda a gobiernos regionales y municipalidades a ejecutar su presupuesto público mediante el desarrollo de obras confiables y eficientes, generando impacto social y reduciendo las brechas sociales y productivas.

“El agua potable es un derecho humano. Pero, para garantizarlo, es necesario construir un sistema de agua potable. Por eso digo que las Obras por Impuestos son un mecanismo de construcción de acceso a los derechos humanos”, explica Zegarra, quien aceptó en julio el desafío de presidir esta organización.

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Las Obras por Impuestos son una herramienta útil para ayudar al Estado en la reactivación económica. Por ejemplo, la creación de infraestructura pública no solo ha permitido que más de 240 mil personas accedan a agua y saneamiento —según cifras de ALOXI— sino también que más de 2 millones 700 mil personas se beneficien por la construcción de infraestructura vial y peatonal, electrificación rural, escuelas, centros de salud y servicios de seguridad ciudadana, mediante la generación de empleos directos e indirectos.

Actualmente existen 175 proyectos en ejecución por el mecanismo de Obras por Impuestos —el 96.5% está situado en zonas alejadas de las grandes ciudades—, aunque, debido a la coyuntura, momentáneamente se encuentran paralizados. “El mecanismo ha previsto protocolos y procedimiento para incorporar estándares de bioseguridad y así poder reiniciar obras en ejecución. Debemos rescatar esta oportunidad de las Obras por Impuestos para la reactivación económica con enfoque territorial”, considera Zegarra.

Para ampliar el alcance de este mecanismo, Zegarra señala que es urgente ejecutar inversiones de menor magnitud pero gran impacto, como las IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación marginal, Reposición y Rehabilitación). De esta manera, las empresas podrían, por ejemplo, incrementar unidades de cuidados intensivos con los correspondientes respiradores mecánicos, repotenciar o reponer ambulancias, reemplazar equipos médicos, entre otras inversiones prioritarias en el contexto actual.

“Las empresas somos optimistas de que vamos a ser capaces —en tanto sigamos colaborando— de construir una nueva normalidad mucho más ambiciosa, inclusiva y solidaria”, confía Zegarra, convencido de que es posible lograr una reactivación con sentido de urgencia y, a la vez, con una visión integral de sostenibilidad social, económica y ambiental.