Canon minero: ¿cómo optimizar su impacto social?

Más de 53 900 proyectos públicos se financiaron mediante el canon minero entre 2012 y 2020. ¿Cómo optimizar su impacto?

Redacción ContentLab

¿Qué impacto ha tenido el canon aportado por la minería en el Perú? La respuesta simple es que ha sido trascendental. Pero pudo ser mejor. Según el mapa de inversiones del Ministerio de Energía y Minas, entre 2012 y agosto del 2020 se han financiado proyectos de inversión pública por más de S/66 855 millones con recursos provenientes principalmente del canon minero. Esto ha significado la ejecución de 53 931 proyectos de diversas dimensiones a nivel nacional.

La importancia del canon es innegable, sin embargo, demanda de muchos ajustes para hacer que ese potente dardo de inversiones se haga más efectivo para las poblaciones, sobre todo en aquellas comunidades cerca de la zona de influencia de un proyecto minero. ¿Cómo se logra esto? Principalmente, con aquello que más ha faltado a lo largo de los últimos años en las distintas administraciones regionales: capacidad de gestión.

Se ha escrito mucho respecto de cómo mejorar la eficiencia en la distribución y uso del canon minero. Uno de los análisis más extensos y detallados es el realizado por Epifanio Baca, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, quien señala que ha habido escasez de una gestión eficiente que permita que el canon libere todo el potencial de desarrollo que debería haber logrado.

El especialista lamenta que el canon ha tenido poco efecto en disminuir la pobreza y desigualdad en el país, dos condiciones que impiden que se genere la sensación de beneficio del aporte otorgado por el sector minero al país, sobre todo en provincias. ​

“Tiene el mismo problema que la gestión pública: está atravesado por una lenta ejecución, gran burocracia y corrupción en todos sus niveles: nacional, regional y local”, explica Epifanio Baca.

REPENSAR EL CANON
A decir de Baca, las obras ejecutadas con dinero del canon han tenido un sesgo urbano, siendo los grandes perdedores los pobladores de las zonas rurales, que son justamente las áreas con mayores carencias. La misma opinión comparte Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), quien considera que, después de casi 20 años de vigencia del canon minero, es momento de hacer una evaluación y realizar los ajustes necesarios en su esquema de distribución y efectividad.

Según el ejecutivo, solo entre el 2010 y 2019, el canon minero logró acumular recursos por S/30 842 millones. De este volumen, increíblemente, solo se ha gastado el 68%. Los rubros a los que se ha destinado este dinero son los siguientes:

– Transporte: 21%

– Planeamiento: 18%

– Educación: 12%

– Saneamiento: 11%

– Agropecuaria: 9%

– Cultura y deporte: 5%

– Ambiente: 5%

– Salud: 4%

– Otros: 15%

De la Flor explica que hay una gran dispersión del gasto. No obstante, lo que preocupa a los empresarios mineros es el alto porcentaje que representa el rubro Planeamiento (18%). El Ejecutivo indica que se trata de una especie de “cajón de sastre”, donde las autoridades regionales contabilizan gastos para preinversión, cobertura o gastos corrientes de sus administraciones. A decir del vocero de la SNMPE, se trata de un rubro que no cumple con seguir la principal misión del canon: reducir las brechas de infraestructura.

“Hemos venido reflexionando y manifestado nuestra preocupación. Es una opinión consensuada que ha llegado el momento de revisar. El norte debe estar marcado por las necesidades de asegurar que estos recursos sean destinados a reducir las brechas de infraestructura, sobre todo de las poblaciones de menores recursos, donde se concentran los bolsones de pobreza”, remarca De la Flor.

CIERRE DE BRECHAS
La SNMPE ha propuesto que la reformulación del canon tenga dos prioridades:

– Asegurar el abastecimiento de agua y desagüe

– Destinar un porcentaje a comunidades campesinas o centros poblados rurales

Epifanio Baca indica que, como parte de las medidas de reforma del canon, se está planteando también crear un fondo regional que permita utilizar de manera inteligente recursos en momentos en los que la minería no alcance los precios altos.

El especialista indica que una de las grandes frustraciones que ha originado el canon es no haber logrado asegurar la ejecución de estos recursos, lo cual se debe a que autoridades de distritos y municipalidades provinciales reciben presupuestos desproporcionados a su capacidad de gasto e infraestructura. En ese sentido, un fondo permitiría dosificar los recursos, asegurando metas de ejecución de más largo plazo, con obras de mayor envergadura y conducentes a cerrar brechas de infraestructura.

Tanto Baca como De la Flor consideran que también es necesario proteger al servidor público que administra estos recursos y darle una mayor permanencia técnica, alejado de las designaciones políticas. En ese sentido, consideran que debe entrar a tallar la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para tener funcionarios elegidos por mérito y especializados en la gestión de recursos.

Este debate ya tiene un tiempo de maduración. Los actores de la sociedad civil, el sector minero y el Gobierno se han sentado a la mesa para intentar aterrizar un nuevo esquema que convierta al canon en la herramienta de desarrollo social y económico que siempre debió ser. El Gobierno, a través del premier Walter Martos, ha adelantado que va a implementar parte de los cambios ya discutidos, introduciendo la posibilidad de generar un fondo de estabilización para la distribución de estos recursos, basados en una prioridad: cerrar brechas de infraestructura.