Si bien el acoso sexual en el trabajo se reconoce aún como un “problema silencioso”, cada vez más empresas lo están abordando como un problema colectivo y como una de las múltiples manifestaciones de la violencia de género. En Perú, la necesidad es urgente: durante los últimos dos años de pandemia, el Ministerio del Trabajo (MTPE) ha registrado más de 1,300 denuncias de hostigamiento sexual laboral a través de su plataforma virtual. Además, desde octubre del 2018 hasta febrero de 2021, se han reportado un total de 478 casos de hostigamiento sexual laboral. De ellos, el 94,7% de denunciantes fueron mujeres y el 98,5% de agresores hombres. 

La tarea no es fácil y tampoco es nueva. De acuerdo a una investigación del Harvard Business Review, el acoso sexual laboral se convirtió recién en un asunto publicó en EE.UU. en 1991, cuando una abogada norteamericana denunció a un juez de la Corte Suprema por acoso sexual laboral. Seis años después de aquella denuncia, el 75% de las empresas estadounidenses desarrollaron programas de capacitación obligatorios para todos los empleados. Durante un par de décadas lidiaron con el problema, pero el acoso sexual en el trabajo no disminuyó. 

En Perú, cada vez más empresas del sector privado están haciendo esfuerzos y dirigiendo acciones para enfrentar esta problemática. Química Suiza, por ejemplo, a través de su campaña “No es normal” -que busca erradicar el acoso sexual en todos sus espacios- crearon un Protocolo de atención para casos de violencia, al que se puede acceder de manera libre y gratuita. Su trabajo les ha merecido la certificación de “Empresa Segura: Libre de Violencia y Disriminación contra la Mujer”, otorgada por el Ministerio del Trabajo, así como a más de 20 empresas peruanas.

Otro ejemplo es Konecta Perú. Considerada una de las mejores empresas para mujeres por la consultora laboral Great Place to Work, ha sido también reconocida en el primer puesto por el Ranking Par de Equidad de Género Latinoamérica 2019. Su éxito se debe a sus dos programas de prevención: ‘Basta Ya’, que busca que los colaboradores identifiquen y denuncien hechos de violencia de género. Y ‘Ellos’, que busca sensibilizar a los colaboradores masculinos como agentes de cambio a través de la formación en nuevas masculinidades.

Estas experiencias se han convertido en una oportunidad para Perú Sostenible -la red de empresas que promueve el desarrollo sostenible en el Perú- para convertir las acciones individuales de las empresas contra el acoso sexual laboral en un esfuerzo colectivo. Por ello, junto con IPAE y el Sistema de Naciones Unidas, lanzaron el programa formativo “Acción empresarial en la prevención de violencia de género y acoso sexual laboral”, que surgió tras constantes reuniones del Grupo de Trabajo de la Mesa de Acción Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) #5: Igualdad de Género. Su propósito: aumentar el número de empresas comprometidas con poner fin a la violencia de género y el acoso sexual en sus organizaciones.

Se trata de un programa compuesto por 4 sesiones de una hora y media cada una durante cuatro semanas, en que las mismas empresas que han logrado definir objetivos y metas con éxito facilitan sus experiencias a otras empresas. Además, combinarán información sobre equidad de género, prevención de violencia y acoso sexual, y herramientas necesarias para definir objetivos y metas concretas en torno al tema.

“Hemos identificado a las empresas que ya tienen herramientas y están dispuestas a compartirlas. Aquí no hay competencia. Es un problema que requiere colaboración. Así, las empresas que recién empiezan en este camino de gestionar estos temas no tienen que empezar de cero. Tienen todo un material a disposición”, explica Micaela Cortés, Directora del Programa de ODS de Perú Sostenible.

Sin embargo, se trata de un trabajo de largo aliento. GenderLab, a través de su herramienta digital ELSA (Espacios Laborales Sin Acoso), encontró que solo en el 8% de casos por acoso laboral se denuncia. Por ello, el gran reto, según la investigación publicada en el Harvard Business Review, es brindar una capacitación que trate a todos los trabajadores como aliados de las víctimas y les brinde herramientas para resolver problemas, así como un sistema de quejas que brinde a la víctima una respuesta rápida y sin represalias.

“Realizaremos un seguimiento a los tres meses y un año de brindado el curso para identificar de qué manera han sido implementadas las herramientas en las organizaciones y verificar cuáles son los obstáculos a la hora de afrontar esta situación”, agregó Cortés. 

La tarea, por lo tanto, recién comienza.