En el año 2015, cuando se dieron a conocer los Objetivos de Desarrollos Sostenible que guiarían las prioridades del progreso del mundo de ahí en adelante, se advirtió también sobre la magnitud del reto. “En estos Objetivos y metas exponemos una visión de futuro sumamente ambiciosa y transformativa”, se señaló en la resolución aprobada por la asamblea general.

Por ello, para aspirar a esa ambición, se creó el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, un instrumento para la planificación y ejecución de las actividades relacionadas a esta agenda en cada país. Es decir, hacer realidad esa transformación. Y en el Perú, este ha sido clave, por ejemplo, para la protección social, la economía y la gobernanza a través del aseguramiento universal gratuito, la vigilancia epidemiológica, la adquisición de vacunas, la Política Nacional en Desarrollo e Inclusión Social, el plan multisectorial para la reducción de la anemia, la Estrategia Nacional de Recuperación de las Economías Rurales, la Política Nacional de Desarrollo Industrial, la reactivación del empleo pospandemia, el Plan Nacional de Derechos Humanos, entre otras múltiples acciones.

Sin embargo, los últimos tiempos han redimensionado los retos y creado otros nuevos. Las Naciones Unidas han identificado puntualmente cuatro: el impacto sanitario y económico de la pandemia por la COVID-19, la inestabilidad política que pone en riesgo el avance de las políticas públicas, el fenómeno de la migración en la región latinoamericana, y los desastres debido al cambio climático que afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Esto ha ameritado una actualización del Marco con miras a los esfuerzos que se requieren hacer entre los años 2022 y 2026.

“Una de las diferencias más resaltantes de este nuevo Marco de Cooperación respecto a los anteriores es justamente el llamado a una mayor presencia del sector privado, no solo en el diseño del plan, sino en todo el proceso de implementación”, señala María Fernanda Awapara, líder del equipo de Alianzas y Financiamiento para el Desarrollo de la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el Perú. “En ese sentido, una estrategia de alianzas inclusivas, sólidas y transformadoras, basadas en principios compartidos y en una visión de desarrollo común, será imprescindible para movilizar y redireccionar recursos, conocimiento, tecnología y capacidades que contribuyan directa y significativamente al logro de los ODS y la reducción de las brechas pendientes”.

Dado que el Estado no puede atajar estas problemáticos por sí solo, la organización considera que hay ciertas capacidades del sector privado que son claves: su generación de crecimiento económico y empleo, su relevancia para las inversiones sostenibles, las opciones de innovación, así como su tendencia hacia prácticas más respetuosas de los derechos de las personas y el ambiente. Pero estas, a la vez, aseguran, exigen una mayor cohesión del sector para generar impactos significativos. 

Ejemplo de ello ha sido y es el proceso de vacunación contra el coronavirus, el cual ha sido liderado por el Estado para garantizar una solución pública para todas las personas, pero que ha contado con la articulación del sector privado, que ha permitido acelerar su implementación y alcanzar mayor cantidad de territorios. “Si bien se trata de un ejemplo puntual y de corto plazo, muestra que, con una genuina voluntad, la construcción de confianza y una adecuada planificación, las alianzas público – privadas no solo funcionan, sino que son indispensables para la solución de grandes retos”, asegura Awapara.