No todo funciona como una maquinaria perfectamente ensamblada en una actividad tan estratégica para la economía peruana como la pesca. Este sector viene arrastrando dificultades en materia de gobernanza que repercuten negativamente en sus procesos y generan brechas que cada vez son más complejas de cerrar.  

El término gobernanza, según la RAE, alude a la forma de gobernar, “especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen”. En el caso de la pesca, un escenario óptimo de gobernanza implicaría, por ejemplo, que las decisiones se tomen coordinadamente bajo un modelo multisectorial donde estén involucrados representantes de la pesca industrial y artesanal; donde haya participación de funcionarios encargados de la gestión medioambiental y de planificación estratégica; donde haya representantes del gobierno central y de los gobiernos regionales, y donde haya presencia de otros actores como las poblaciones locales que se ven impactadas por la actividad pesquera y organizaciones del sector privado.  

En el caso de la pesca industrial —aquella que emplea grandes embarcaciones y realiza extracción a gran escala—, ese esquema ha venido funcionando, aunque siempre hay espacio para ajustes y mejoras.  

Sin embargo, en lo que atañe a la pesca artesanal, no ha sido así, y de ello da cuenta Perú Sostenible en su Hoja de Ruta de Sostenibilidad – Sector Pesca, un documento en donde se señala que este subsector se caracteriza por ser “informal, fragmentado, heterogéneo y disperso”. Añade, además, que no implementa prácticas sostenibles de forma sistémica y que es muy limitado en términos operacionales y de tecnología.  

Por ello, asegura, la gobernanza pesquera debería adaptarse a los desafíos del subsector artesanal con miras a alcanzar una forma de gobierno equilibrada, donde haya una articulación intersectorial adecuada y fortalecida entre el Estado y todos los actores involucrados en esta actividad. 

GOBERNANZA EN JAQUE 
El problema de la gobernanza en el sector pesca tiene varias aristas. Se puede mencionar, por ejemplo, la falta de transparencia en el acceso a la información para la toma de decisiones. Este punto es clave porque, como plantea la CEPAL, la transparencia es un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción y los abusos de poder. Por ende, el documento de Perú Sostenible afirma que este factor está relacionado con los deficientes niveles de entendimiento que hay entre las entidades públicas, lo cual supone una traba para la “sistematización y divulgación de data confiable y oportuna para la toma de decisiones”.  

Lo que Perú Sostenible sugiere para promover la transparencia es la implementación de un enfoque más participativo que otorgue voz y voto por igual a todos los actores.

Pero hay otro problema: los procedimientos descoordinados y las funciones sobrepuestas. Ocurre que la gobernanza en el sector pesca involucra a varias instituciones y se apoya en un marco legal que se presta para la ambigüedad en más de una ocasión. El reporte elaborado por la organización detalla que al menos 70 instituciones están involucradas en el manejo de los recursos costeros y marinos, por lo que las deficiencias en materia de coordinación ponen en jaque las posibilidades de gobernanza.  

Otro aspecto que explica la problemática de la gobernanza en la pesca está relacionado con las capacidades de gestión de los servidores públicos y el presupuesto insuficiente que se asigna para acciones de gestión y control del subsector artesanal.  

Sobre esto, el documento señala que “es relevante dar continuidad y fortalecer las capacidades de los servidores públicos a cargo de la gestión pesquera”. En paralelo, afirma que ello debe ir de la mano con más recursos para las instituciones del sector.  

RETOS Y PROPUESTAS 
El abordaje de los desafíos en materia de gobernanza de la actividad pesquera requiere de la formulación de una política nacional que, en palabras de la CEPAL, “establezca objetivos, identifique problemas, plantee soluciones y establezca indicadores anuales desde un enfoque articulado”.  

Precisamente, la importancia de acelerar la implementación de una Política Nacional de Pesca y Acuicultura es una de las acciones específicas planteadas en la Hoja de Ruta de Perú Sostenible. La buena noticia es que ya existe un proyecto elaborado por el Ministerio de la Producción desde el 2019 que actualmente se encuentra en fase de análisis de pertinencia y delimitación del problema público. 

Otras dos acciones que se sugieren son el reforzamiento de la gobernanza, capacidades técnicas y autonomía del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) como fuente de información relevante para el sector, y visibilizar la necesidad de fortalecer la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) a través del impulso tecnológico y de la creación del Registro Nacional de Infractores Pesqueros, el cual sería gestionado por el Ministerio de la Producción e integraría información relevante. 

Con estas acciones específicas no solo se busca dar un impulso a la gobernanza pesquera, sino aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas —como el ODS 14: Vida Submarina y el ODS 16. Paz y Justicia e Instituciones Sólidas—, especialmente en lo que concierne al desarrollo de capacidades de investigación y transferencia de tecnología marina, y también en relación con el fortalecimiento de las instituciones.