En 2015, cuando la empresa minera Cerro Verde decidió construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ‘La Enlozada’ en el distrito de Uchumayo, en la provincia de Arequipa, tuvieron que iniciar un proceso de diálogo con los vecinos al momento de iniciar las operaciones. Nada fuera de lo normal, considerando que, en Perú, el 48% de los conflictos sociales han sido tratados a través de procesos de diálogo, según la Defensoría del Pueblo.

La llegada de grandes proyectos de inversión a pequeñas comunidades suele relacionarse con el conflicto. Pero, en realidad, se pueden convertir también en una oportunidad para el desarrollo económico local de las comunidades y las habilidades de sus habitantes. Si bien algunos de estos procesos han sido improvisados, otros largos y poco eficaces -indica la Defensoría-, los ha habido también exitosos, en que las partes logran desentrañar los problemas colaborando mutuamente hasta llegar a acuerdos. 

Todo depende de cómo la empresa aborde los conflictos. En el caso de Cerro Verde, el diálogo constructivo y la escucha activa permanente entre ciudadanos, autoridades y la empresa ha sido esencial para generar confianza e inclusión, y así facilitar los procesos de diálogo con las comunidades. “Lo importante es actuar con la política del buen vecino, ser parte de la comunidad lo que permite entender la problemática y generar espacios de diálogo y desarrollo conjunto”, señala Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos en Sociedad Minera Cerro Verde.

MÁS QUE UN APOYO ECONÓMICO

En 2005, a partir de la primera Ampliación de Operaciones, Cerro Verde inició un proceso de transformación que les permitió iniciar una relación más fluida con los habitantes de las áreas cercanas a sus operaciones. Estas acciones tomaron fuerza con el Plan de Gestión Social, que definió tanto las áreas de influencia directa -distritos cercanos al área de operación- como el área de influencia indirecta: la provincia de Arequipa. 

Si bien la contribución económica no está en duda -casi un tercio del PBI local se atribuye a la actividad minera de Cerro Verde-, esta debe ir acompañada de actividades que refuercen las relaciones comunitarias. De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social (PGS) de Cerro Verde, solo en 2017 invirtieron alrededor de 24.5 millones de dólares en diversos ámbitos: educación, capacitación, salud, agricultura y ganadería, medio ambiente, generación de ingresos, infraestructura y cultura.

Destaca, por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades de aprendizaje de las comunidades a través del financiamiento de diversas capacitaciones que incluyen el uso de nuevas tecnologías educativas, construcción de aulas y otros ambientes educativos, así como la entrega de mobiliario escolar y el financiamiento del programa Beca Maestro 3.0, orientado a beneficiar a 1.500 profesores de Arequipa para que puedan acceder a estudios de Maestría con mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje. 

También han invertido en el apoyo de actividades culturales públicas y privadas, que incluyen, por ejemplo, el apoyo al peregrinaje hacia el Santuario de Chapi. Estas actividades han sumado para lograr ser reconocidos en dos oportunidades (2010 y 2016) con el premio Luis Hochschild Plaut, que IPAE Acción Empresarial otorga a las empresas que -más allá de sus propias actividades- contribuyen al desarrollo de una educación de excelencia y al progreso y difusión de la cultura peruana.

“Es imprescindible el diálogo permanente y el reconocimiento de las comunidades con las que trabajamos, así como el desarrollo de inversiones y actividades sociales que permitan generar desarrollo sostenible en las áreas donde operamos”, afirma Torreblanca.

El trabajo desarrollado ha rendido frutos. Mediante el reforzamiento del sistema hídrico de Arequipa, han logrado incrementar el almacenamiento de agua en el sistema de represas que les ha permitido el desarrollo industrial y minero, pero, sobre todo, en el acceso de agua potable a casi 350 mil personas y a la solución del tratamiento de aguas residuales, que hoy son tratadas al 99%, beneficiando a 1 millón de habitantes, es decir, a toda la población de Arequipa, así como a las actividades de la agricultura y el turismo, por mencionar algunas.

“Nuestra principal expectativa es consolidar los logros alcanzados y continuar trabajando de la mano con las autoridades y la sociedad civil en programas y proyectos que generen desarrollo sostenible. Queremos seguir siendo un buen vecino para el desarrollo de Arequipa”, afirma Torreblanca.